Dos ONGs chilenas viajaron en los últimos días a los Estados Unidos para denunciar a su propio país por presunto trabajo forzado y en sectores industriales, al tiempo que solicitaron medidas de castigo como, por ejemplo, aranceles a productos de exportación vinculados a la agricultura y la salmonicultura.
La acción hace pensar en un escenario distópico donde grupos con intereses opacos avanzan contra el ejercicio de la soberanía de los países. No obstante las ONGs hace ya tiempo que exhiben una agenda propia y dan ejemplos de que poseen la fuerza suficiente para imponerlas.
Nada como leer “Aniquilación” del escritor y pensador francés Michel Houellebecq para acercarse a esta problemática que no hace más que crecer en el horizonte político y económico del planeta.
Hace unos días también la UNESCO instó a la Argentina a suspender las obras del oleoducto Vaca Muerta Sur que une el yacimiento petrolero con la costa atlántica patagónica, en lo que representa una de las mayores obras energéticas de su historia, a instancias de numerosas denuncias ambientales presentadas por ONGs y organizacionales locales e internacionales. La mega obra en que se invertirán unos USD 3000 millones debería estar concluida en este 2026, pero la UNESCO dio plazo a la presentación de nuevos informes hasta el 2027.
Las ONGs chilenas Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas y Ecoceanos, mantuvieron un encuentro con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial (USTR) donde aseguraron que en Chile hay trabajo forzado y esclavo en amplios sectores industriales. Esta presentación había estado antecedida por un documento donde la Fundación Libera reclama sanciones arancelarias para su país por este motivo.
Llamativamente o no, Carolina Rudnick presidenta de Libera, aseguró en Santiago que no había solicitado medidas contra Chile, una declaración que fue desmentida al trascender una carta firmada por ella misma en donde plantea la posibilidad.
Dos de las industrias con mayor potencia y desarrollo de los últimos 20 años son el objeto de ataque de estas organizaciones. El director ejecutivo de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas Núñez, difundió en este marco un duro video donde señala a la acuicultura.
El resultado de esta historia que es aun más compleja porque involucra las propias necesidades de Donald Trump y de los Estados Unidos en un contexto de guerra y señales de decaimiento de la economía, es que Chile recibió un arancel de 12,5% cuando originalmente formaba parte del club de los 10% como es el caso de la Argentina.
Para Chile, las exportaciones de salmón y trucha representan USD 6500 millones anuales, las de fruta USD 8630 millones, pero los alimentos en general alcanzaron un récord histórico en 2025 de US$ 13.610 millones.
“En un informe fechado el 14 de abril, tres meses antes de que viajara a exponer a Washington, la presidenta de la ONG Libera, Carolina Rudnick, planteó a la USTR que el organismo debe adoptar “medidas decisivas” por supuestas infracciones laborales chilenas, estudiando el “nivel y alcance, si corresponde, de aranceles sobre productos de Chile”, así como la restricción de importaciones”, reveló el medio Ex-Ante.
“Nuestro objetivo no es que Chile sea sancionado. Como consta en las actas de las audiencias ante el Comité del USTR, mi fundación y Ecoceanos, a quien representé, solicitamos que no se aplicaran aranceles a Chile y que se reemplazara dicha decisión por la implementación de un plan de siete medidas estructurales”, aseguró Rudnick contradiciendo su propio documento enviado el pasado 14 de abril a Jamieson Greer, miembro del Partido Republicano y Representante de Comercio, al mando de USTR.
“Esta presentación aborda la presencia de trabajo forzoso en bienes producidos en Chile (…) el grado en que esa falta ha afectado negativamente al comercio estadounidense, global y chileno; y las acciones que deberían tomarse para abordar estos problemas, incluyendo el nivel y alcance, si corresponde, de aranceles sobre productos de Chile y/o el nivel y alcance, si corresponde, de restricciones a la importación de productos chilenos”, indica en la misiva de 15 carillas.
En el documento, sigue Ex-Ante, “se detallan supuestas infracciones y casos de trabajo forzoso en Chile en la agroexportación y salmonicultura, incluyendo un registro de la fundación sobre trabajadores fallecidos entre 2013 y 2026, horarios laborales y denuncias de malos tratos”.
En la sección “Recommended Remedies: Duties and Import Restrictions on Chilean Products” (“Medidas recomendadas: Aranceles y restricciones a la importación de productos chilenos”), señala: “La Fundación Libera insta al Comité de la Sección 301 a que examine detenidamente las pruebas presentadas en este escrito y a que adopte medidas decisivas para hacer frente a estas prácticas”.
Respecto de la temeraria denuncia por parte de las ONGs el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dijo: «yo lo calificaría de un error. No se ajusta a los hechos de esa declaración».
«Aquí lo importante es que los chilenos estemos unidos frente a la necesidad de ir ampliando nuestros mercados y defendiendo nuestra capacidad de exportación porque detrás de eso están los empleos de los chilenos. Así que eso es lo primero, agregó.
Chile exporta a Estados Unidos más de 846 mil toneladas de fruta por USD 1.770 millones y más de 133.000 toneladas de salmón y trucha por US$ 1.356 millones. Es decir, entre ambos suman exportaciones por USD 3000 millones. Justamente estos dos polos de exportación fueron denunciados por las ONGs.
Hoy en Chile vuelve a surgir el debate sobre la necesidad de una ley que transparente el origen de los fondos que sustentan a las ONGs y sus campañas. En el Congreso chileno hay un proyecto pero que todavía se encuentra en largo trámite. Desde los sectores industriales existen sospechas de que agentes de otros países y empresas multinacionales apuntalas estas campañas internacionales que terminan perjudicando el desarrollo local.
CatoTimes 